1936. MUERTE DEL DOCTOR ALBACETE

[Un amigo, Antonio Huerta, periodista e investigador de la Guerra Civil española, se ha interesado por la muerte en Zaragoza, en 1936, del doctor Jesús Albacete Fraile. Así recoge toda la historia.]

 

LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL DR. JESÚS ALBACETE FRAILE,

MÉDICO DE LOS GUARDIAS DE ASALTO DE ZARAGOZA EN 1936

 

Por Antonio HUERTA

 

 

 

Expediente de la prisión de Torrero

El 28 de agosto de 1936 el médico de la Guardia de Asalto de Zaragoza, Jesús Albacete Fraile, ingresa en la Prisión Provincial de Torrero por orden del Gobernador civil, Julián Lasierra Luis, comandante de la Guardia Civil que sustituyó al gobernador republicano Ángel Vera Coronel, asesinado unos meses después.  Albacete queda, por orden de Lasierra, a su disposición: “A mi disposición”. No figura en el expediente carcelario delito ni causa de la detención.

 

El 12 de noviembre el Dr. Albacete es conducido a la Jefatura Superior de Policía, por orden del Jefe Superior y Comandante de Estado Mayor, “para la práctica de diligencias”. Esa misma noche, a las 21 horas, reingresa en la cárcel de Torrero. Y unos días más tarde, el 27 de noviembre, un escrito del Jefe de Policía ordena al director de la prisión la puesta en libertad de Jesús Albacete Fraile. Aquí acaba el expediente “procesal” de Jesús Albacete Fraile emanado de la prisión de Torrero y que se conserva en el Archivo Provincial de Zaragoza.

A la mañana siguiente el Dr. Albacete es un cadáver con dos tiros, que le atraviesan el cráneo, disparados casi con toda seguridad a cañón tocante.

 

Expediente del Tribunal Militar

Con esa fecha (28/11/1936) se inicia el expediente que se guarda en el Tribunal Superior Militar, consignado como causa núm. 1904-36 (por Homicidio). En la hoja de estadística criminal de guerra, que firma el 18 de diciembre de 1936 el encargado de la misma en la quinta región, el Teniente Auditor José María Franco de Espés, consta que se trató de un “procedimiento sumarísimo” en cuya tramitación se invirtieron menos de seis meses y que, al no haber hallado a los culpables, se archiva provisionalmente.

 

Tras la muerte del Dr. Albacete, ocurrida nada más salir de la cárcel de Torrero en la noche del día 27 de noviembre de 1936 o en la madrugada del día siguiente, el 28 de noviembre, el señor de Pablo, juez de turno en el Juzgado de Guardia de Zaragoza, firma una diligencia para constituir el Juzgado en el depósito judicial de cadáveres de la Facultad de Medicina, porque le habían avisado telefónicamente de que allí había ingresado esa misma mañana el cadáver de un hombre. El juez declara que, pese a estar indocumentado, el cadáver es el de Jesús Albacete Fraile y ordena a los forenses que practiquen la autopsia.

Los médicos forenses Jaime Penella Murt y Manuel Ros Mateo declaran que el cuerpo de Jesús Albacete Fraile presenta un orificio de entrada de proyectil en el temporal derecho con salida por el izquierdo, y otro en la región parotídea derecha con salida por el parietal del otro lado con fractura de huesos y lesiones encefálicas. Y que la muerte ha sido debida a fractura de cráneo por arma de fuego.

El juez de Pablo, ese mismo 28 de noviembre, ordena que se oficie al Juez Municipal Núm. 1, don Sabino Bea Castillo, para que se inscriba en el Registro Civil “la defunción del interfecto”, dando las oportunas licencias para su enterramiento.

 

Por una providencia fechada el nueve de diciembre de 1936, el juez de Pablo, una vez practicadas las primeras diligencias que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estima que la Jurisdicción Militar es la competente para conocer del hecho que las motiva, y ordena que sean remitidas al Excmo. Sr. Auditor de Guerra de la 5ª División “a (en) virtud de los bandos publicados por las Autoridades Militares de declaración del Estado de Guerra y posteriores”.

 

Y una semana después, el 17 de diciembre, el Auditor de la 5ª División, dicta un auto con este único resultando: “Que acreditadas en estas diligencias la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, hanse practicado todos los trámites de carácter urgente, sin derivar el conocimiento de sus presuntos autores”.

A continuación, cita en un considerando la Orden del 12 de agosto de 1936, en cuyo artículo único, sección primera, se preceptúa la suspensión de lo actuado hasta la presentación o captura de los culpables; y que el cauce legal para cumplimiento de dicho mandato es, (previa elevación a causa de estas diligencias), el sobreseimiento provisional que regula el artículo 538, número 2º, del Código de Justicia Militar.

 

El mismo 17 de de diciembre el auditor acuerda el sobreseimiento provisional y ordena los trámites burocráticos pertinentes, de manera que “cumplimentado lo expuesto, se decretará el archivo”. Uno de los trámites era rellenar el impreso de la estadística criminal de guerra, que certifica el 19 de diciembre el fiscal José María Laguna y, finalmente, el 22 de diciembre de 1936, veinticuatro días después de ser asesinado el Dr. Jesús Albacete Fraile, la causa queda archivada.

 

¿Quién era Jesús Albacete Fraile?

Era un médico licenciado por la Universidad de Zaragoza que ejercía como facultativo de los guardias de asalto en esta plaza. Había nacido en Maranchón (Guadalajara) en 1905 y contraído matrimonio civil con la zaragozana Carmen Echecherría Ceresuela el once de mayo de 1935, y matrimonio canónico, al día siguiente, en la iglesia de las Escolapias.

Por su boda con Carmen Echeverría quedaba vinculado a una reconocida familia de comerciantes de Zaragoza y propietaria de la famosa Posada de las Almas. Si sus compañeros de la Guardia de Asalto lo tenían considerado como persona de izquierdas o republicano, lo que solo es una suposición, aunque muy probable dada su eliminación inmediata tras el golpe de Estado de julio de 1936, es casi seguro que no se le pudo relacionar con ningún acto violento ni delictivo. De lo contrario, su entrada en la prisión la hubieran podido motivar con base en ese hecho, y no para estar a disposición del gobernador, y menos, para ser puesto en libertad sin ningún cargo en su contra.

Nos encontramos, con toda seguridad, ante una de las innumerables ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los militares sublevados, desde el 18 de julio de 1936 hasta la implantación de los consejos de guerra a mediados de 1937. En el expediente militar de este caso, como en otros centenares o millares similares, se ve claramente la pretensión de juridicidad con que a simples y meros asesinatos se les quiere dar la apariencia de una justicia reglada, respetuosa en apariencia con un buen cúmulo de garantías procesales, como explica Pablo Gil en La noche de los generales: Militares y represión en el régimen de Franco (Ediciones B. Barcelona 2004).

 

Algunas personas que aún viven, y otras ya fallecidas, que conocieron al Dr. Albacete personalmente o por referencias, coinciden en la opinión de que era una buena persona. El tiempo, no obstante, y la posición de partida ideológica de cada una de ellas, impide la construcción de un perfil definitivo.

 M.P.S.A, de 92 años, hija de un industrial a quien la familia de Carmen Echeverría ayudó durante la guerra tras haber perdido prácticamente todos sus bienes y casi la vida en un pueblo del Bajo Aragón, afirma que era comunista. Al preguntarle que si más que comunista era republicano, esta persona duda. En cualquier caso, afirma rotundamente: “No era de derechas”.

D. E. C, ya fallecido, pariente del Dr. Albacete, según testimonio de un descendiente siempre dijo que Albacete “había estado en el momento equivocado en el lugar equivocado”. Tal vez curó a un sindicalista herido y ambos fueron denunciados. Todo pudo ser.

C.D. S.A, de 98 años, no quiere hablar de este asunto: cierra los ojos cuando le pregunto si sabe por qué mataron al Dr. Albacete, y dice que cree que lo fusilaron, pero que no quiere recordar “esas cosas”; aclara que, a su marido, médico militar, lo despertaban de madrugada en los años cuarenta para “subir al cementerio”. Sí, son muy malos recuerdos para quien todavía guarda ese peso en el alma.

J.H.R, médico durante la guerra civil, y posteriormente médico militar, que le compró a Carmen Echeverría los libros de medicina de su marido tras su asesinato, me dijo varias veces que la muerte de Jesús Albacete había sido “una gran injusticia”. El testimonio de J.H.R., carlista en su juventud, que se enfrentó porra en mano en las calles de Zaragoza contra adversarios políticos e ideológicos, y que llegó a ser general, resulta, sin duda, el de más valor y digno de crédito.

 

¿Por qué lo mataron?

¿Por qué, entonces, había que matarlo? Sin duda, la respuesta la encontramos en las arengas y órdenes de Emilio Mola, conducentes a la eliminación de toda disidencia ideológica. Dicho de otra manera, muerto el perro se acabó la rabia.

Siguiendo el razonamiento de Pablo Gil en la obra citada anteriormente, el general Mola, que desde el ecuador de la República concretaba en sus discursos todas las fobias del ideario castrense que se manifestará a partir de julio de 1936, desata una auténtica locura exterminadora desde agosto de ese año. Dice Pablo Gil en la citada obra que Mola, en esos momentos, tras exponer en un discurso “la traición a España de los caudillos del Frente Popular”, afirmaba rotundamente: “Todo esto se ha de pagar y se pagará muy caro”. De Mola son también estas palabras referida a la contienda: “Ni rendición, ni abrazos de Vergara, ni pactos de Zanjón, ni nada que no sea victoria aplastante y definitiva. Después, si el pueblo lo pide, habrá piedad para los equivocados; nunca para los convencidos”

El ejército sublevado se valió de los crímenes, la quema de iglesias y conventos, y la persecución religiosa desatada antes y después del 18 de julio, para eliminar por procedimientos criminales, pero con apariencia de legalidad,  todo pensamiento distinto al del ejército, la Iglesia, la Falanje y el carlismo.

 

El caso del médico Jesús Albacete Fraile es uno entre miles, como queda perfectamente establecido en el libro Víctimas de la guerra civil, (temas de hoy: historia. Madrid 1999) coordinado por el profesor Santos Juliá, de los profesores Julián Casanova, Josep María Solé y Sabaté, Joan Villarroya y Francisco Moreno. Así fueron eliminados maestros, profesores de universidad, políticos, profesionales y sindicalistas.

 

¿Quién los proclamará santos o mártires de la humanidad? ¿Es suficiente para recordarlos y hacerles justicia una placa en un memorial –y eso al que se la hayan podido poner- o se debería hacer algo más? ¿Tal vez dar el nombre de los verdugos?

 

 

Antonio Huerta

Julio de 2013