Escribe Gervasio Sánchez. Escribe y denuncia:
Queridas amigas y amigos:
Os envio junto a estas líneas un texto titulado "Nuestro pequeño Guntánamo" publicado ayer en Heraldo de Aragón y en Soitu.es coincidiendo con el quinto aniversario de la detención del traductor iraquí Flayeh al Mayali, hecho ocurrido el 22 de marzo de 2004 en Base España en Diwaniya (Irak) .
Como ya sabéis por otros textos míos el ciudadano iraquí fue objeto de un trato inhumano y degradante durante los cuatro días que pasó detenido en la base militar española, acusado sin una sola prueba de ser colaborador necesario en el atentado que el 29 de noviembre de 2003 costó la vida a siete miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y encarcelado durante once meses.
Desde que en abril de 2004 me enteré en Bagdad de su detención he hecho múltiples gestiones a alto nivel primero para evitar que se pudriese en la cárcel y después de su excarcelamiento en febrero de 2005 para que se investigase por qué un escuadrón del CNI actuó de forma abritraria contra él.
Estas cartas fueron dirigidas al Ministerio de Defensa, al presidente José Luis Rodriguez Zapatero, al juez de la Audiencia Nacional responsable de la investigación de los asesinatos de los agentes secretos, al jefe del Estado Mayor de la Defensa y al Fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Durante estos últimos años nos hemos escandalizado por los abusos ocurridos en las cárceles de Abu Graib y Guantánamo. Nuestras autoridades han efectuado declaraciones a veces muy pomposas (el estado de opinión favorable vuelve oportunistas a los políticos) contra las violaciones de los derechos humanos de los prisioneros detenidos en Irak o Afganistán. Pero casos como el del traductor español Flayeh al Mayali (muy conocido entre los periodistas españoles) muestran hasta qué punto nuestras instituciones son capaces de esconder nuestras propias responsabilidades, nuestro Guántanamos particulares, debajo de la alfombra o taparlos con losas de olvido.
El 29 de noviembre de 2008 escribí otro texto titulado Cinco años de olvido en referencia al asesinato de los 7 militares asesinados en Irak (el acto de terrorismo más grave sufrido por nuestras fuerzas armadas en la larga historia de misiones internacionales) que fue publicado en Heraldo de Aragón y que gracias a la colaboración de muchos de vosotros se internó en la asombrosa senda de Internet llegando a muchas personas.
Deciros que ni un solo medio nacional de prensa escrita, televisión o radio hizo el más mínimo recordatorio a este crimen execrable a pesar de conmemorarse un aniversario importante. Deben ser los 7 militares asesinados más olvidados de la historia. Ni siquiera tienen derecho al más mínimo homenaje. Si yo estuviera en la piel de un familiar me sentiría avergonzado de los reponsables de las instituciones de mi país
Podéis consultar todos mis artículos y las cartas enviadas a las autoridades, los contratos firmados por Flayeh al Mayali que demuestran las mentiras del CNI para justificar el trato inhumano y el encarcelamiento del ciudadano iraquí Flayeh al Mayali y también DOS CARTAS DEL PROPIO FLAYEH AL MAYALI nunca publicadas en el blog LOS DESASTRES DE LA GUERRA en las siguientes direcciones de internet:
www.soitu.es y www.heraldo.es
LOS DESASTRES DE LA GUERRA
Gervasio Sánchez
NUESTRO GUANTANAMO PARTICULAR
Un hombre entra en un cuartel militar. Es interrogado, golpeado violentamente en múltiples ocasiones, objeto de trato inhumano y degradante, obligado a pasar horas de pie de cara a la pared con una capucha en la cabeza y a dormir en el suelo como si fuera un perro.
El suplicio dura cuatro días (hoy domingo 22 de marzo se cumplen cinco años) hasta que es trasladado a un penal de máxima seguridad, donde pasa once meses de su vida. Es liberado porque no existe una sola prueba contra él.
Estos hechos no pasan en una prisión estadounidense ni en la isla de Guantánamo ni tampoco en un país dictatorial africano ni en un centro para criminales reincidentes.
Ocurren en un acuartelamiento español, exactamente en Base España de Diwaniya (Irak) entre el 22 y el 27 de marzo de 2004. La víctima se llama Flayeh al Mayali, un traductor muy conocido entre los militares y periodistas españoles.
Es, sin duda, nuestro Guantánamo particular.
Los interrogadores y los maltratadores son miembros de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y el objetivo de estos vergonzosos hechos es buscar un chivo expiatorio que tapone los errores cometidos por este organismo en Irak tras la caída del régimen de Sadam Hussein, cuyo resultado más tangible es el asesinato de siete agentes secretos el 29 de noviembre de 2003 en Latifiya.
El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abre una investigación judicial ante lo que define como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dicta un sobreseimiento temporal aunque advierte en su auto que podría reabrirse la causa en caso de aparecer nuevos datos.
El 22 de marzo, un mes y nueve días después, el traductor iraquí Flayeh al Mayali es detenido por orden del general Fulgencio Coll, máximo responsable de la Brigada Plus Ultra en Base España, interrogado, acusado de ser “colaborador necesario” en el atentado, según consta en una diligencia emitida por la Asesoría Jurídica del destacamento militar, firmada por el capitán auditor Alejo de la Torre de la Calle, y trasladado cinco días después a un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos. Ni el ministerio de Defensa ni el CNI informan al juez Andreu de esta detención a pesar de la gravedad de las acusaciones.
Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali es liberado sin cargos en febrero de 2005. En una entrevista publicada por Heraldo de Aragón y La Vanguardia acusa a sus interrogadores de someterle a un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte mientras una capucha cubre su cabeza durante la mayor parte del tiempo.
El ministro de Defensa, José Bono, asegura que el traductor miente e informa que ha firmado un documento en el que reconoce el buen trato recibido. La respuesta del ciudadano iraquí es contundente: “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”.
En noviembre de 2004, el CNI asegura a El País que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, una mentira burda ya que el traductor había firmado entre el 15 de septiembre de 2003 y el 16 de marzo de 2004, una semana antes de su detención, más de una decena de contratos con el ejército español valorados en casi 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación.
La desfachatez del CNI llega hasta el punto de acusar a Al Mayali de “jactarse ante varias personas de su intervención en la muerte de los agentes”.
Todas las personas consultadas por este informador a lo largo de los últimos cinco años consideran que el CNI se inventó la acusación contra Al Mayali para imponer el olvido sobre el caso y no aclarar su propia responsabilidad en la elección de agentes secretos conocidos por la Muhabarat, la antigua policía secreta de Sadam Husein, que se había infiltrado en los grupos insurgentes y en los actuales servicios de seguridad iraquíes.
“El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, reconoció en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los dramáticos hechos, actual embajador de España en Estados Unidos después de una meteórica carrera en Repsol.
El evidente desinterés del PP y el PSOE, cuyos gobiernos están involucrados en la detención y la larga encarcelación del ciudadano iraquí, también impidió que se abriese una investigación en el Congreso a pesar del interés de algunos partidos minoritarios.
Otros ocho iraquíes, pertenecientes al subversivo ejército del Madhi, vinculado al imán radical Muqtada al Sader, también fueron detenidos en Diwaniya en abril de 2004 y sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Durante cinco años este periodista ha intentado llamar la atención sobre este caso de forma privada. El 14 de mayo de 2004 envió una carta a Roberto López, jefe de gabinete del ministro de Defensa, José Bono. Al Mayali llevaba cincuenta días detenido y su familia no sabía donde estaba. Tuvieron que pasar otros cuatro meses hasta que su mujer y su madre pudieran visitarlo en el penal.
En mi carta le decía que “aunque sé que es un problema heredado del gobierno anterior, me gustaría que usted se interesase por la situación de este prisionero y me informase de cuáles son los cargos que hay contra él”. Más adelante continuaba: “No me gustaría que Al Mayali quedase olvidado en Irak tras la salida de las tropas españolas en una cárcel controlada por Estados Unidos. Sería, además, un hecho muy grave que el prisionero hubiese sido torturado o víctima de tratos inhumanos y degradantes”.
Tras una triste persecución telefónica se me envío un emborronado escrito del CNI sin ningún interés.
Después de la liberación de Al Mayali escribí el 2 de marzo de 2005 un carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le fue entregada en el aeropuerto de Zaragoza y que leyó durante su regreso a Madrid.
Después de explicarle los antecedentes le rogaba: “Tome usted las riendas de este asunto y ordene una investigación interna que aclare por qué un iraquí ha pasado once meses de su vida encarcelado sin que ninguna autoridad civil y militar española haya presentado cargos contra él”. También le comentaba que “España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)”.
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
Dos días después me recibió el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que había abierto una investigación judicial tras el asesinato de los siete agentes. A pesar de haber viajado expresamente desde Zaragoza después de que su secretaria me confirmase la cita, el juez se mostró con prisas y desinteresado desde el primer minuto. A trancas y barrancas le pude explicar lo que sabía de este caso en apenas quince minutos.
Aceptó que le mandase toda la documentación a su juzgado, cosa que hice el 7 de marzo de 2005. En una carta le recordaba que había dictado un sobreseimiento provisional sobre el caso aunque en su auto había advertido que lo hacía “sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, de la naturaleza y de las circunstancias de los hechos denunciados, se puede acordar sobre la competencia de los tribunales españoles y la reapertura de las diligencias”.
Le comentaba que “el Ministerio de Defensa no informó a la Audiencia Nacional de esta detención, desobedeciendo su auto de sobreseimiento, y obstaculizando la labor de la justicia”.
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
La cuarta carta se la mandé el 18 de agosto de 2006 al general Félix Sanz, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, junto a todos los artículos publicados. Unos días antes coincidimos en un Seminario y mantuvimos una larga conversación sobre el caso. En la carta le recordaba que “había militares de uniforme entre las personas que interrogaron y maltrataron (nunca he utilizado la palabra tortura a pesar de que los hechos ocurridos en el acuartelamiento es difícil definirlos de otro modo) a Al Mayali en Diwaniya”.
Le confirmaba que “el prisionero no volvió a ser interrogado durante su detención de once meses por ninguna autoridad civil y militar española y que ninguna misión del CNI regresó a Bagdad para seguir la investigación tras la salida de los soldados españoles en mayo de 2004”. Le decía que una persona con estrecha relación con el CNI me había asegurado que “la chapuza fue monumental y que buscaron un chivo expiatorio para justificar una investigación muy deficiente”.
Y al final le recordaba que este periodista “lleva más de quince años cubriendo conflictos armados con presencia española. No encontrará en ninguno de mis escritos una sola línea de crítica gratuita. Realicé trabajos con soldados españoles en Centroamérica, Bosnia. Volé a Afganistán en enero de 2002 con el coronel Jaime Coll, retransmití en directo el ataque contra la base de Nayaf (Irak) y dediqué más tiempo a informar de que no se habían producido muertos o heridos españoles en el ataque que a describir la acción bélica. El general Luis Alejandre me felicitó personalmente por mi actitud”.
No hubo respuesta aunque sí acuse de recibo.
Y por fin el 16 de agosto de 2007 envié un nuevo dossier a Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional donde le comentaba que “me había sorprendido la pasividad del juez Fernando Andreu, encargado de la investigación de ese execrable asesinato, al que remití un dossier con todos los datos que había conseguido recopilar”.
No hubo respuesta ni acuse de recibo.
*Una foto de Gervasio Sánchez realizada en Iraq.
